Senator Mark Hannah (R-OH), 1903
En un post anterior sobre el rol de los accionistas, gerentes, directores y síndicos en materia de RSE, repasé los más recientes avances legislativos en EE.UU. y el Reino Unido sobre este tema y, entre otros, mencioné el fallo Citizens United vs. Federal Election Comission ("Citizens United").
El fallo de la Corte Suprema de los EE.UU. en Citizens United confirmó que las personas jurídicas tienen los mismos derechos que las personas físicas en cuanto a su libertad de expresión. En principio, pareciera que esto no debiera ser controversial ...
La decisión en Citizens United (5-4) determinó que por aplicación de la primer enmienda constitucional (libertad de expresión) no puede limitarse el financiamiento para la transmisión de los mensajes de candidatos políticos. Ahora bien, producto de esta decisión resulta que las empresas pueden en EE.UU. - potencialmente - usar gran parte de su capital operativo y activos - para financiar campañas electorales.
Investigaciones por parte del profesor John Coates, de Harvard Law School, han demostrado que las empresas con políticas de gobierno corporativo débil, y menor orientación pro-accionista, han resultado más propensas a involucrarse en actividades de tipo político y frecuentemente gastan más cuando se involucran. Asimismo, los profesores Lucian Bebchuk de Harvard Law School y Richard Squire de Columbia Law School sostienen que los intereses de los gerentes y directores de las empresas pueden diferir significativamente con respecto a los de los accionistas, y que por tanto - y como producto del fallo Citizens United - debieran promulgarse nuevas leyes con el fin de brindar un mayor rol a los accionistas en las decisiones respecto al gasto en actividades políticas, del dinero de las empresas en que han invertido. Cabe destacar que ya ha surgido un movimiento que introducir nuevas normas para tratar de poner coto a esta situación y procurar compatibilizar los distintos objetivos de las empresas, incluyendo los de connotación política.
Financiamiento privado de campañas electorales en A. Latina
En América Latina - con el fin de no acabar alterando, por la vía privada, las metas de equidad, transparencia y autonomía de los partidos - las normas de la mayoría de los países (Argentina: Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, México: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)) establecen límites a los montos y modalidades que permiten a los partidos políticos recibir en forma legítima dinero de particulares, llegando en algunos casos a criminalizar el financiamiento ilegal de los partidos políticos.
¿Qué vía es mejor: limitar los montos que las empresas pueden aportar a los candidatos, campañas y partidos políticos o dejar que las empresas actúen en forma responsable siguiendo sus propias "políticas" de RSE?
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