Creo que a nadie le
escapa que en materia social y ambiental cada día se impone una cantidad mayor
de regulaciones a las empresas. Sin ánimo de discutir la pertinencia o no de
exigir la publicación de reportes en temas de RSE y sin perjuicio de remarcar
los avances en este campo por parte de la Unión
Europea, vale destacar que
en EE.UU., a través de la ley
Dodd-Franck (art. 1504), la SEC ha aumentado los requisitos en materia de
reporte de pagos a gobiernos u entidades gubernamentales para las empresas
vinculadas a actividades extractivas. Las empresas han reaccionado cuestionando
la falta de excepciones y exclusiones, lo cual – según confirmó una reciente sentencia – resulta arbitrario y caprichoso.
Siguiendo el ejemplo de
la SEC, en 2013 la Unión Europea aprobó cambios a las Directivas EU de Transparencia y Contabilidad los
cuales, una vez que sean implementados, impondrán a las empresas en industrias
extractivas, la obligación de reportar los pagos hechos a nivel mundial, a
cualquier gobierno si exceden de EUR100,000, incluso si no cotizan en mercados
de valores europeos. Para mayor información sobre los cambios propuestos y las
dificultades que entrañará su implementación, ver esta nota.
En este blog varias veces
se ha mencionado a la pionera en esta materia, la Iniciativa para la Transparencia en las
Industrias Extractivas (EITI). Esta iniciativa a la que han adherido voluntariamente algunos países
latinoamericanos (Perú, Guatemala y Honduras), aboga desde 2003 para que no
solo las empresas en industrias extractivas transparenten sus pagos a los
gobiernos, sino también para que los gobiernos revelen cuánto recaudan y en qué
emplean los significativos recursos que reciben de dichas empresas. A título
personal, siempre me pareció loable la labor de EITI y por demás razonable el
sistema voluntario de adopción de estos principios de transparencia; sin
embargo viendo la reciente evolución legislativa por parte de algunos países
del mundo “OCDE”, me pregunto: ¿será hora que también los países
latinoamericanos exijan la publicación de reportes de pagos a los gobiernos?. ¿Servirá
de algo que cada jurisdicción imponga una obligación adicional de reporte?.
PD: Sres. legisladores no
dejen escapar esta oportunidad para transparentar ¿cuánto recaudan y en qué
emplean estas rentas?.
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