Recientemente se ha promulgado una modificación al Código de Minería de Panamá que ha sido duramente criticada por grupos ambientalistas y de defensa de los derechos indígenas
En sí el texto de la nueva ley no resulta controversial: mayormente incrementa el canon y pagos por regalías mineras, impone mayores sanciones al relevamiento, a la exploración y a la explotación mineral ilícita, e incluso condiciona el otorgamiento de concesiones mineras a la aprobación de un estudio de impacto ambiental (y social), para la concesión solicitada.
Lo que resulta controversial es que - conociendo que alguno de los principales proyectos mineros en Panamá se encuentran actualmente en territorios indígenas - el legislador haya guardado silencio sobre los derechos de los grupos indígenas e ignorado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
P.S.: hoy el presidente de Panamà, Ricardo Martinelli informó en un comunicado sobre su "firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la
explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas".
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