Se encuentran en trámite parlamentario dos proyectos de ley: uno que perfecciona los mecanismos de gobiernos corporativos de las empresas - ahondando los avances logrados mediante la Ley 19.075 de Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (Opas) y Gobiernos Corporativos y la normativa que en forma constante ha ido introduciendo la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”) – y otro que apunta al mismo objetivo con relación a las empresas del Estado o participadas por el Estado.
La sanción de nuevas leyes en materia de gobiernos corporativos permitirá adoptar las mejores practicas en la materia, promovidas por entidades tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e indudablemente repondrá a Chile a la vanguardia de sus vecinos regionales quienes ya han dictado normas en la materia, tales como el “Código de Gobiernos Societario” impulsado por la Comisión Nacional de Valores de Argentina o el “Código Andino de Gobierno Corporativo” creado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) e implica adaptar a la realidad local, principios previstos en el ámbito norteamericano por leyes tales como la Sarbanes-Oxley Act de 2002.
Gobiernos Corporativos de las empresas no estatales
En lo que hace a algunas de las empresas privadas, el proyecto de ley relevante, modifica dos normas clave de la economía chilena: la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Ley de Mercados de Valores, con el objeto de aumentar la transparencia, disminuir las asimetrías de información y fortalecer los derechos de los accionistas minoritarios. A la vez, permite la autodeterminación – es decir deja a decisión de las sociedades - sobre cómo proceder con relación al cumplimiento de ciertos principios de gobierno corporativo y otorga jerarquía de ley a algunas normas que ya han sido implementadas por la SVS.
Gobiernos Corporativos de las Empresas del Estado y participadas por el Estado
Se busca avanzar en el perfeccionamiento del marco institucional de forma tal que por la vía de fortalecer el gobierno corporativo se logre aumentar su transparencia y mejorar la calidad de la gestión y la supervisión de estas empresas. A dicho fin, se procura que las empresas con participación estatal operen bajo un marco institucional común, aplicando – en la medida de lo posible - las normas diseñadas para las empresas privadas a las empresas públicas.
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